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La asignación de la infanta Cristina por Caso Nóos, sin perjuicio del análisis de las decisiones posteriores de los tribunales, plantea toda una serie de cuestiones políticas constitucionales sobre los que han hablado, y de diferentes de comunicación en general, lamentable, los medios de comunicación. Por lo tanto, es necesario aclarar una serie de cuestiones:

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1) La nuestra es una monarquía parlamentaria, lo que implica la transferencia de todo el poder de decisión política del Parlamento. El Rey tiene auctoritas pero potestas. Por lo tanto la comunicación no se entiende muy bien propuesta por la Familia Real, que peca menos imprudente e inconsistente con la posición constitucional de la monarquía. Se debe limitarse a respetar la corte y no se pronuncie a favor de las decisiones de la fiscalía.

2) La demanda no es una declaración legal de la responsabilidad y no debe permitir la existencia de juicios paralelos, pero es indicativo de un número de posibles responsabilidades. Y también es un juicio paralelo, y un desconocimiento del significado del principio de igualdad ante la ley, el apoyo político de la acusación, es decir, el Gobierno, y la posible revocación inmediata de la orden por parte del órgano judicial competente.

3) Todos somos iguales ante la ley, a menos que la persona del rey, que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Pero esta posición no se transfiere a otros miembros de la Corona, que, a este respecto carecen de cualquier tipo de inmunidad, se acerca pero no identificada, el estado de cualquier ciudadano.

4) Nuestra Constitución sigue pendiente (Art. 57) de una política de desarrollo que regula todos estos temas, y que cada día se hace más urgente y necesario. Parece que este país está condenado a legislar siempre por razones de urgencia y cuando esto ocurre, erróneamente afirma que no es apropiado para llevar a cabo esta regulación legal. Personalmente, creo que en el futuro desarrollo reglamentario debe proporcionar una jurisdicción especial a la Corte Suprema para los miembros de la corona, al igual que tienen otros órganos constitucionales del Estado.

5) se puede hacer, independientemente de las posibles implicaciones penales y procesales, consecuencias políticas, que afectan a la Corona y todos los actuales crisis institucional de nuestro sistema político, que cada día parece más grave que la propia crisis financiera.

6) El Rey no puede actuar por su propia posición constitucional, independientemente del principio democrático. Incluso en las monarquías no constitucionales del rey no podía abdicar sin el consentimiento del Parlamento, ya que se basa en la existencia de un acuerdo entre la Corona y la representación popular. Si es así, las demandas más altas se van a mantener a la hora de analizar la eficacia del principio democrático en relación con la Corona, debe desaparecer arcaísmos históricos que aún figuran en nuestra Constitución (omisión de la mujer en el orden de sucesión, deben autorizar la el matrimonio de los sucesores a la Corona, la irresponsabilidad total del propio rey, y así sucesivamente). Por otra parte, el Rey no puede obligar a la infanta a renunciar a sus derechos de sucesión, pero esta renuncia hipotético debe ser, cuando el ar desarrolla. 57.5. CE, autorizada por el Parlamento. Lo mismo podría decirse de la posible abdicación del rey

7) La monarquía actual, tal vez el único momento en nuestra historia se ha establecido, salvo algunas excepciones aisladas, a las ideas del principio democrático. Pero ya que estamos en presencia de una institución antidemocrática per se, siempre debe comportarse de una manera democrática y no se puede permitir cualquier acción que fuera el principio democrático. De lo contrario, los ciudadanos serán, directamente oa través de sus representantes, teniendo en cuenta todas las acciones del monarca en los últimos años y los escenarios alternativos correspondientes, que están facultados para tomar decisiones. No hay otra interpretación posible de acuerdo con el principio democrático.