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INTELIGENCIA UN DELITO A LOS CIUDADANOS


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Parece que nuestros políticos, o para ser exactos muchos de ellos siguen considerando los ciudadanos, que son la fuente de su propia legitimidad democrática, menores de edad o incapacitados y por lo tanto necesita de su guía y protección. Además se trata de una clara desafección entre la clase política, que también se considera como una élite dotado y ciudadanos esta actitud es una ofensa grave a la inteligencia del público.

Podrían ser muchos ejemplos que justifican el conjunto declaración anterior. Pero vamos a centrarnos en un solo particularmente polémica: escraches llamadas en relación con los desalojos.

Vaya por delante que no tienen la intención de justificar, al menos en su totalidad, escraches técnica. La violencia, en su caso, nunca está justificada en un Estado democrático. Del mismo modo, la defensa de los derechos fundamentales no puede ser a costa de la presunta violación de otros derechos, ya que todos ellos son limitadas. No existe una ley absoluta o natural. Alguna. Junto a ella hay que decir, y categóricamente, que la razón de esta tesis al lado en manos de estos movimientos sociales. No se puede considerar una ILP y luego proceder a la desnaturalización por vía de enmienda parlamentaria. A pesar de que es legal, no es democrático.

Hubiera sido más fácil, y más acorde con el principio democrático, adoptar otra solución. Como sabemos, el gobierno ha abusado hasta el límite (también sucedió en Italia), a pesar de su mayoría absoluta, la figura del decreto, algunos de ellos hoy apelada ante el Tribunal Constitucional, en cuestiones clave: la reforma laboral, la salud, la educación, etc … Sin embargo, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo podría haber hecho uso de esta figura. No creo que hay problemas más legales existentes con otras cuestiones. Es decir, se debería haber tenido en el contenido de la ILP y transformarlo en un decreto ley. Entonces, si es necesario, y una vez ratificado por el Congreso, podría haber comenzado su aprobación como ley.

Esto le ha dado la satisfacción inmediata a los cientos de miles de ciudadanos que firmaron la IPL, habría fortalecido nuestro sistema representativo y, más importante, se habrían paralizado una serie de desalojos a cabo de conformidad con una norma preconstitucional y contraria a nuestra Ley Fundamental. No debemos olvidar que la inteligencia de los ciudadanos se merecen el mismo respeto, al menos, de nuestros políticos.